Cerca de 80 científicos y académicos instaron el jueves al gobernador de California a retrasar el cierre de Diablo Canyon, la única planta que queda en el estado para cumplir con las leyes estatales de lucha contra el calentamiento global.
Ante el aumento de los costes de funcionamiento de los dos reactores de la central, la empresa de servicios públicos PG&E decidió en 2016 dejar que sus licencias expiraran en 2024 y 2025. Además, los grupos ecologistas, preocupados por los terremotos, los residuos nucleares y el uso de agua de mar para refrigerar los reactores, también habían presionado para el cierre.
Sin embargo, a medida que aumenta la preocupación por el cambio climático, también aumenta el llamamiento para mantener abierta Diablo Canyon, que, según sus defensores, es la principal fuente de energía sin emisiones del estado.
PG&E dijo que su objetivo es operar de forma segura la planta hasta el final de sus licencias.
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