El Ministerio de Transición Ecológica ha abierto una batalla con las compañías eléctricas. La ministra Teresa Ribera presentó el Proyecto de Real Decreto que regula la tasa que pagan las centrales nucleares, en manos de Endesa, Iberdrola y Naturgy, para financiar los servicios de la Empresa Nacional De Residuos Radiactivos (Enresa) y ha confirmado los peores presagios de las compañías: un fuerte incremento de los costes por los cambios llevados a cabo en el VII Plan de residuos nucleares aprobado a finales del mes pasado.
La propuesta del Gobierno, que entrará en vigor el 1 de julio de 2024, supondrá que esta tarifa fija unitaria sufrirá una subida del 40%.
El cálculo de los costes se realiza considerando, en el medio plazo, los correspondientes al presupuesto actualizado de Enresa para el periodo 2023-2027 y, en el largo plazo, empleando, bien extrapolaciones de datos actuales (gestión de residuos radiactivos de media y baja actividad y muy baja actividad, gastos en I+D, coste de estructura).
El Gobierno busca asegurar la disponibilidad de fondos para la financiación de los servicios de gestión de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos procedentes de las centrales nucleares que estaban en explotación el 1 de enero de 2010, y el desmantelamiento y clausura de dichas instalaciones. Por ello se considera que tendrá un impacto positivo en materia social.
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