El sector nuclear ha expresado sus inquietudes sobre las soluciones adoptadas en el 7º Plan General de Residuos Radiactivos (PGGR), destacando el alto coste que, según creen, se debe a la falta de consenso entre las diversas instituciones involucradas.
Este coste alteraría sustancialmente las condiciones establecidas en el acuerdo del Protocolo de Intenciones en 2019. Tras este incremento, el parque nuclear español contribuye anualmente con aproximadamente 450 millones de euros al Fondo Enresa.
El nuevo PGGR propone la creación de Almacenes Temporales Descentralizados (ATD) en cada central nuclear, junto con un Almacén Geológico Profundo (AGP) que entraría en servicio en 2073, circunstancia que implicaría no disponer de una solución para la gestión final del combustible gastado antes de 2050.
En este sentido, Foro Nuclear argumenta que mantener la operación del parque nuclear español está alineado con la resolución aprobada en la reciente COP28: alcanzar los objetivos de Net Zero, reducir la factura de la luz para familias y empresas o contribuir a la financiación del propio Plan.
La industria nuclear reclama un diálogo abierto y una revisión más equitativa de las políticas regulatorias que les afectan.
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