El Tribunal Supremo ha desestimado los intentos de la Abogacía del Estado de frenar los recursos presentados por Foro Nuclear, Iberdrola, Endesa e Iberenergía contra el VII Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR). Según La Información, ha rechazado las alegaciones del Estado que buscaban la inadmisibilidad de las demandas de las eléctricas y la patronal del sector nuclear, dejando abierta la puerta a un litigio que podría afectar a la planificación gubernamental en materia de residuos radiactivos.
El alto tribunal considera que la naturaleza jurídica del PGRR y su impacto normativo deben ser analizados a fondo en el proceso judicial y no en una fase preliminar. Este Plan contempla un coste futuro de 20.220 millones de euros para la gestión de los residuos radiactivos y el desmantelamiento de las centrales. Sin embargo, el nuclear sostiene que este plan ha elevado la Tasa Enresa (2,38 euros por cada MWh, 130 millones de euros más anuales) sin justificación suficiente, lo que ha motivado una reacción legal por parte de las empresas afectadas.
El sector nuclear considera que las cargas fiscales y tasas impuestas ponen en peligro la viabilidad económica de las centrales nucleares en España, en un contexto en el que su papel es clave para la transición energética y la seguridad de suministro. Así, las eléctricas y la patronal nuclear han solicitado al Ejecutivo la apertura de una mesa de diálogo para establecer un marco regulador estable que garantice la viabilidad del sector en el futuro.
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