El gobierno japonés ha adoptado una nueva política que permitirá a los reactores nucleares operar más allá de su límite actual de 60 años, junto con la construcción de nuevas unidades para reemplazar las antiguas, como parte de los esfuerzos para reducir las emisiones de carbono y garantizar el suministro nacional de energía. Además, el gobierno planea recaudar alrededor de 152.000 millones de dólares a través de la emisión de bonos para impulsar la inversión en proyectos de descarbonización.
La nueva política extenderá la cantidad de tiempo que los reactores pueden permanecer operativos al excluir el tiempo dedicado a las inspecciones y otros periodos fuera de línea al calcular su vida útil completa. La sustitución de reactores antiguos por otros avanzados, considerados más seguros que las unidades convencionales, solo se permitirá dentro de las instalaciones de las centrales cuyas unidades estén destinadas al desmantelamiento.
El gobierno tiene como objetivo comenzar a operar reactores de próxima generación en la década de 2030.
Desde que Rusia invadió Ucrania a fines de febrero del año pasado, un fuerte aumento en los precios mundiales de la energía ha amenazado el suministro estable de energía para Japón, lo que ha llevado a los funcionarios a mayor investigación sobre el uso de la energía nuclear. El primer ministro Fumio Kishida animó el verano pasado a su gobierno a investigar cómo el país puede maximizar el uso de sus instalaciones de energía nuclear de la manera más efectiva.
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