El Foro Nuclear rechazó que las centrales deban asumir el sobrecoste de unos 2.000 millones de euros que supone el séptimo Plan General de Residuos Radiactivos (PGGR), ya que lo atribuyen “a la falta de consenso entre las diferentes instituciones involucradas».
Asimismo, sostiene que los sobrecostes suponen un cambio frente a las condiciones en las que se alcanzó el acuerdo del Protocolo de Intenciones en el año 2019 entre Enresa y las centrales nucleares para su funcionamiento y por el que se acordó incrementar la tasa en un máximo del 20%. Así el parque nuclear español aporta cada año al Fondo de Enresa del orden de 450 millones de euros. El incremento de las tasas comprometería la viabilidad económica de las centrales ante la excesiva fiscalidad a la que son sometidas.
Además, rechaza la solución adoptada en este Plan con Almacenes Temporales Descentralizados (ATD) en cada una de las centrales y un Almacén Geológico Profundo (AGP) en servicio en 2073 porque no se liberarían los emplazamientos nucleares hasta finales de siglo -la Comisión Europea recomendó hacerlo antes de 2050-.
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