El Gobierno no se plantea prorrogar la vida útil de las centrales nucleares como medida para hacer frente a los aranceles impuestos por Donald Trump. Esta es una de las propuestas que el PP presentó durante la negociación para consensuar el plan de respuesta a la guerra comercial, así como para convalidar el primer decreto antiarancelario aprobado por el Consejo de Ministros y continuar las negociaciones sobre nuevos paquetes de medidas.
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ya aseguró que el cierre nuclear no disparará los precios energéticos ni pondrá en riesgo la seguridad de suministro, por lo que la inclusión de esta propuesta dentro del plan antiarancelario no tiene cabida en estas negociaciones.
Cabe destacar que el PP registró una proposición no de ley para mantener las nucleares abiertas, una medida que el grupo parlamentario considera que debe acometer el Gobierno para «evitar un incremento de costes para las industrias de unos 2.200 millones de euros y 3.600 millones para los hogares en los próximos cinco años». Esta es una medida más del Plan de Competitividad Industrial que exige el PP al Ejecutivo general.
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